El gobierno de Trump solicita eliminar el límite en las tarifas por pagos atrasados.

2025-10-23 18:07:58 Clasificación：Protección de derechos leer(765)

El 14 de abril, el gobierno liderado por el presidente Trump solicitó a un tribunal federal que anulara la nueva regulación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) sobre los límites de las tarifas por pagos atrasados de tarjetas de crédito. El gobierno coincidió con los grupos comerciales y bancarios que, en una demanda, afirmaron que la regulación violaba la ley. Según esta regulación, el límite de las tarifas por pagos atrasados es de 8 dólares, a menos que se pueda demostrar la necesidad de cobrar más para cubrir costos.

El gobierno de Trump, junto con los grupos comerciales que interpusieron la demanda, presentaron documentos en un tribunal federal de Texas solicitando al juez federal de distrito Mark Pittman que dictamine el fin de la regulación sobre las tarifas por pagos atrasados. El juez Pittman ya había bloqueado la implementación de esta regulación por parte de la CFPB, que formaba parte de la iniciativa del presidente demócrata Biden para combatir las "tarifas basura".

El gobierno de Trump había intentado disolver la CFPB anteriormente, pero fue parcialmente frustrado por los tribunales. Un tribunal de apelaciones federal dictaminó que el gobierno podría reducir el personal de la CFPB, pero no eliminar la agencia por completo. Desde su creación, la CFPB ha sido criticada por los republicanos, quienes la acusan de falta de responsabilidad y de exceder sus poderes mediante casos de aplicación de la ley contra las empresas financieras.

Según la regulación original de la CFPB, las instituciones emisoras de tarjetas con más de un millón de cuentas activas no podían cobrar más de 8 dólares por tarifas de pagos atrasados, a menos que pudieran demostrar que cobrar tarifas más altas era necesario para cubrir los costos reales. En diciembre pasado, el juez Pittman dictaminó que esta regulación violaba la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito de 2009, que aunque limita las tarifas excesivas, permite a las instituciones emisoras cobrar tarifas "punitivas" cuando un cliente viola el acuerdo de tarjeta de crédito.

Esta demanda y la intervención del gobierno de Trump marcan una escalada en la disputa sobre el poder regulador de la CFPB y las normas sobre tarifas.

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